Deuda del Estado frente a instrumentos bancarios en el fondo de INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP muestra una asignación particular entre la administración pública y la banca privada. Al revisar el desglose del Fondo de Capitalización Colectiva hasta el 30 de junio de 2026, salta a la vista la ausencia de bancos estatales entre las entidades financieras, frente a la presencia de siete bancos privados que concentran acciones, certificados, deuda subordinada o bonos. En cuanto al sector público, su peso se evidencia a través de los títulos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro del portafolio de inversiones de INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender el portafolio, la diferencia es fundamental: los bonos estatales constituyen deuda pública y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de deuda subordinada, bonos, acciones y certificados de depósito. Adicionalmente, el desglose abarca notas estructuradas, bonos corporativos y títulos accionarios de compañías no bancarias.

En moneda estadounidense, los bonos estatales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en títulos en moneda extranjera, lo que representa cerca de una cuarta parte. El monto restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares emitidos por Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas se encuentran los instrumentos del fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: títulos de deuda subordinada junto con certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones que ascienden a L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre las sumas identificables, Promérica anota certificados por L25 millones al 8.5 % y por L10 millones al 10.2 %, además de colocar L1.8 millones en deuda subordinada al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿En qué lugar se ubican los L900 millones de acciones preferentes?

Pese a constituir una fracción reducida dentro de la cartera de INJUPEMP, los L900 millones asignados a acciones preferentes han generado un interés notable entre los cotizantes. Según se detalla en el informe, dicha cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones totales que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, mediante una nota al pie se especifica que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin precisar el destino final de dichos fondos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, el cual se abonará de forma semestral desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectiva programación de pagos brindan una visión más clara sobre los atributos del instrumento financiero y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

Desde la perspectiva del inversor, la Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa que las transacciones se ejecuten con cautela. Si una colocación supone modificaciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente público, al tiempo que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a activos de diversa índole. Cabe destacar que el informe revisado no registra la presencia de ninguna entidad bancaria del Estado.

Seguir el destino de estos recursos también implica prestar atención a los documentos que respaldan cada operación. El detalle publicado por INJUPEMP permite revisar los montos, los emisores y las características de las inversiones, y cuenta con las firmas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Sin embargo, las cifras no son invariables: los vencimientos y las nuevas operaciones pueden modificar el portafolio, de modo que la fecha de corte resulta indispensable para interpretar y comparar los datos correctamente.

En el caso de las instituciones financieras que forman parte de este panorama, conocer su actividad y estructura corporativa aporta contexto sobre los participantes del sector. Para ello, se puede consultar la información institucional de Grupo Ficohsa, grupo financiero y de seguros con presencia en distintos mercados de Centroamérica.